INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Los expertos proponen el aborto libre en las 14 primeras semanas

La ministra de Igualdad dice que el anteproyecto de ley estará listo antes del verano para su debate en el Parlamento

Aconsejan al Gobierno que las adolescentes de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin permiso paterno

El aborto no tendrá restricciones si se practica durante las primeras 14 semanas del embarazo, se ampliará hasta la 22 si corre peligro la salud o la vida de la madre, o el embrión presenta graves anomalías físicas o psíquicas, y no tendrá límite de tiempo si el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

Estas son las propuestas que el comité de expertos -formado por nueve médicos y juristas- que asesora al Gobierno en la modificación de la ley del aborto presentó ayer a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para modificar la actual ley. Esta aseguró que hoy será estudiado por el Consejo de Ministros y que previsiblemente antes del verano estará elaborado el anteproyecto de ley para debatirlo en el Parlamento.

Los expertos consideran que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse mediante la futura ley y no en el Código Penal, como pasa actualmente. Es decir, que en ningún caso las mujeres deberían ser castigadas con penas de prisión por abortar. Asimismo, defienden la autonomía de decisión de las jóvenes de 16 a 18 años, sin que sea necesario el consentimiento de sus padres o tutores.

Según el texto, el aborto será libre porque en ese período «no hay riesgos desde el punto de vista médico y porque es la fórmula más utilizada en el resto de Europa». Además, se incluye que la interrupción voluntaria del embarazo sea una prestación de la sanidad pública, y que se pueda practicar en un hospital del Sistema Nacional de Salud o en un centro concertado.

Es decir, se aconseja que los hospitales públicos estén obligados a derivar a una determinada unidad a las mujeres que deseen abortar, para evitar que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia los obligue a hacerlo en una clínica privada. «Un ginecólogo o un anestesista, los profesionales más implicados en las operaciones, pueden objetar, pero no un hospital entero o una consejería», según explicó Javier Martínez Salmeán, ginecólogo del Hospital Severo Ochoa, de Madrid, e integrante del comité de expertos.

Para el supuesto del aborto durante las primeras 14 semanas, se prevé que exista un período de reflexión de tres días desde el momento en que la mujer comunica su deseo de abortar y la fecha de la operación. En este tiempo, la afectada recibirá información escrita sobre las ventajas de proseguir el embarazo y sobre todas las ayudas de las que dispondría.

Distintos dictámenes

Además, en todos los casos previstos debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que la practique. «No se trata de hacer una ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura. De garantizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo que pueden hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos. También se trata de proteger la vida del no nacido cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre», manifestó Aído. El informe presentado ayer demanda que también se garantice «la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos fiables y seguros, incorporando los de última generación y de emergencia comprobados clínicamente».

En concreto, en el informe de los expertos se pide la puesta en marcha de una estrategia de salud en materia sexual y reproductiva con enfoque de género, para prevenir los embarazos no deseados y rebajar el número de abortos.